México es el país extranjero donde se registran más muertes violentas de civiles estadunidenses, asegura el Departamento de Estado de ese país; hay alerta porque la cifra va en aumento.
Quince de febrero de 2011, norte-centro de México. Jaime Zapata, agente del Buró de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y adscrito a la Embajada de Estados Unidos en México, muere al recibir al menos cinco disparos tras ser atacado en una emboscada por varios sujetos armados cerca de San Luis Potosí.
Seis de febrero de 2011, frontera de Chihuahua. Juan Carlos Echeverri y Carlos González Bermúdez, estudiantes preparatorianos estadunidenses de El Paso, Texas, son asesinados en el transcurso de una balacera en Ciudad Juárez. Contra las advertencias del gobierno de Estados Unidos, habían cruzado al lado mexicano para acudir a una fiesta.
23 de enero de 2011, Golfo de México. La misionera tejana Nancy Davis, con años de trabajo evangélico en Tamaulipas, es herida en la cabeza de un disparo por sicarios que atacan su camioneta cerca del municipio de San Fernando. Aunque alcanza a llegar con vida a suelo estadunidense, sus heridas son demasiado graves. Fallece en un hospital de Texas poco después.
El número de ciudadanos estadunidenses asesinados en México se cuadruplicó en los últimos cuatro años. La cifra ubica a México muy por encima de los países del resto de América, de Europa, África o Asia, y es varias veces superior a las registradas en países en guerra, como Irak o Afganistán, revela una investigación estadística de M Semanal en registros diplomáticos de Estados Unidos.
CIFRAS IMPRESIONANTES
Estados como los de Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, entre otros, han reportado un incremento sustancial en los fallecimientos violentos de estadunidenses, tendencia estadística que prendió las alarmas en Estados Unidos y apunta a que la violencia de la narcoguerra que vive nuestro país alcanzó ya a los vecinos del norte, quienes constituyen el principal grupo de extranjeros que reside, visita y trabaja en territorio mexicano. Un total de 340 ciudadanos estadunidenses han sido víctimas de homicidio en México en lo que va del sexenio, 36 por ciento de ellos en 2010, según establecen datos de la red consular de Estados Unidos contenidos en el reporte “Muertes No Naturales de Estadunidenses en el Extranjero 2002-2010”, compilado por el Departamento de Estado (DE).
Complementado con cifras actualizadas hasta enero pasado por el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, el reporte revela que, de forma atípica, en 2010 murieron 123 estadunidenses en territorio nacional, la cifra más alta jamás registrada para un solo año en la historia moderna de México: algo no visto desde tiempos de la Revolución Mexicana. Las estadísticas confirman que de 2006 a 2010, conforme la guerra con y entre los cárteles de la droga se ha agudizado, el país ha vivido un alza en el número de homicidios de estadunidenses no sólo en Juárez, sino en el resto del estado de Chihuahua y en estados como Baja California y Tamaulipas los cuales, junto con Durango, concentran prácticamente 90 por ciento de las muertes.
Los datos, transmitidos a Washington por su red consular en México, establecen que si en 2003 hubo 47 asesinatos de estadunidenses, en 2005 la cifra subió a 56. En 2008 bajó a 51. Pero en 2009, conforme la violencia en distintos puntos del país despegaba, dio un salto: aumentó a 83. Para 2010, con 123 fallecimientos registrados, los homicidios se habían triplicado con respecto al año inicial. “Estas son cifras impresionantes. El tema de que maten estadunidenses en México es importante, y quizá ha pasado por ahora a segundo plano por los hechos en Egipto o Afganistán, pero más civiles de Estados Unidos han sido asesinados en tres años de guerra contra el narco en México que en una década de conflicto en Afganistán e Irak combinados”, dijo Bill McCollum, ex fiscal de Florida y analista en temas de seguridad internacional. “Probablemente en Washington no se han dado cuenta todavía del tamaño de lo que está pasando en México. Pero son números impactantes, ¿y qué decidirá después el gobierno? Habrá que verlo”, apuntó.
Guatemala registró 39 muertes de estadunidenses desde 2002, una cifra que ha ido a la baja desde 2007 (en 2010 murieron sólo dos). Colombia, por su parte, tuvo 47 homicidios. También en ese país sudamericano los números de asesinatos se han mantenido estables, al pasar de seis muertes en 2006, cuatro en 2007 y seis en 2009 a nuevamente cuatro en 2010.
Octubre de 2009. José Carlos Araiza y Joanna Herrera, originarios de Oregon, en la costa Oeste de Estados Unidos, son abatidos por pistoleros a unos metros del puente internacional de Zaragoza, en Ciudad Juárez.
Por ciudades, Juárez concentra 45 por ciento de todas las muertes registradas en el actual sexenio, con 154 homicidios: en 2010 la ciudad se consolidó como la más peligrosa del país y el mundo no sólo para los mexicanos sino también para los estadunidenses, que ahora tienen más probabilidades de morir en sus calles que en Bagdad (71 civiles muertos desde 2004, apenas dos en 2010) o en otras zonas de guerra, como la capital afgana, Kabul (16 civiles muertos desde 2003, dos muertos en 2010). Las estadísticas muestran que en 2003 sólo murieron en la urbe fronteriza cuatro estadunidenses, promedio natural registrado en otros años; en 2004 y 2005 fueron cinco cada año; en 2006 apenas uno y en 2007, tres. Pero ya en 2008 la cifra llegó a 15, y para 2009 saltó a 27. En 2010 fue de 94, un incremento de dos mil 300 por ciento en relación a lo registrado en 2003. La cónsul general de Prensa y Cultura de Estados Unidos en Juárez, Olga Bashbush, insistió en que Washington ya ha declarado a la ciudad fuera de límites para sus ciudadanos. “Hemos dicho que la situación en la frontera y en particular en Juárez, es muy delicada y peligrosa”, sostuvo.
Así lo prueban las muertes de la funcionaria del consulado estadunidense en Juárez, Lesley Enríquez, y de su esposo, Arthur Redelfs, oficial adscrito a la oficina de correccionales del Sheriff de El Paso, en Texas, asesinados por pandilleros de Barrio Azteca en marzo de 2010, incidente que detonó una cacería de sicarios en ambos lados de la frontera. Otros, como el soldado de la Guardia Nacional de Texas, José Gil Hernández, asesinado en una casa en octubre de 2010, fueron menos escandalosos y pasaron casi desapercibidos, lo mismo que el del sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Booher, muerto a balazos en un table dance en noviembre de 2009. Desde 2005, al menos cinco soldados estadunidenses fuera de servicio han sido asesinados en Ciudad Juárez, en incidentes que primero llevaron al comando del Fuerte Bliss —principal base militar en El Paso— a elevar sus restricciones para viajar a México y, eventualmente, a prohibir los permisos de visitar Juárez por completo.
Otra ciudad mexicana con altos registros de homicidios de estadunidenses es Tijuana, con 96 asesinatos detectados por su consulado desde 2003. El año más sangriento fue 2009, con 21 muertes. Le sigue Nuevo Laredo, en Tamaulipas, con 40 asesinatos en el mismo periodo. Reflejo de la nueva realidad en México, un nuevo fenómeno descriptivo apareció a partir de 2008 en las narrativas y estadísticas del DE: dentro de las causas de muerte de sus connacionales en territorio mexicano, Washington comenzó describir a algunos no sólo como víctimas de homicidio, sino con una palabra que no utiliza en ningún otro país del mundo: “Ejecutado”.
23 de agosto de 2010, sur de México. Joseph Proctor, originario de Nueva York y casado con una mexicana, muere en la zona de Coyuca, Guerrero, durante un enfrentamiento con soldados del Ejército Mexicano. Los militares, que inicialmente declararon “haber repelido una agresión”, después son acusados de manipular la escena del crimen y depositar un rifle R-15 en manos del estadunidense.
En 2010 se registraron homicidios de estadunidenses en las siguientes ciudades: Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco; Monterrey y Mina, en Nuevo León; Tijuana, Mexicali y Ensenada, en Baja California; Nogales, Santa Ana y Saric, en Sonora; Cancún, Quintana Roo; Piedras Negras, Coahuila; Gómez Palacio, en Durango; Cuernavaca, en Morelos; Ciudad Juárez, Villa Ahumada y Chihuahua, en Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Puebla, Puebla; Acapulco, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán; San Martín de las Pirámides y Ecatepec, Estado de México, y el Distrito Federal.
En paralelo a la escalada de homicidios, el número de estados de la República Mexicana que tienen vigentes alertas de viaje del DE se ha incrementado: Washington desaconseja todo viaje no esencial a grandes partes de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Sonora y Baja California. “Millones de ciudadanos estadunidenses visitan México cada año”, sostiene el DE en una alerta consular actualizada a principios de febrero. “Y el gobierno mexicano hace un esfuerzo para proteger a los ciudadanos estadunidenses en sitios turísticos (pero) el crimen y la violencia son serios problemas. Mientras que la mayoría de las víctimas de la violencia son ciudadanos mexicanos asociados con actividad criminal, la situación de seguridad representa un serio riesgo para los ciudadanos estadunidenses también”.
30 de octubre de 2010, frontera de Chihuahua: seis estadunidenses son asesinados en distintos incidentes en Ciudad Juárez. Cuatro mueren durante un tiroteo en un bar. Otros dos son baleados mientras conducían su auto por las calles de la urbe fronteriza, rumbo a El Paso.
Apenas la semana pasada, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, afirmó en una conferencia de prensa que “México es, en términos de los indicadores de violencia, más seguro que muchas ciudades de Estados Unidos”, al ser cuestionado sobre reportes de más agresiones a estadunidenses. Mencionó como ejemplos las ciudades de Detroit y Miami. Pero, según estadísticas del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), Detroit registró 361 asesinatos en 2010, es decir 10 veces menos que los más de tres mil que hubo en Juárez en el mismo año. Aun si se toman en cuenta solamente los 94 asesinatos de estadunidenses registrados en la frontera de Chihuahua durante 2010, una comparación de las estadísticas del FBI con las del DE arrojan que si Juárez fuera una ciudad estadunidense, sería la cuarta más peligrosa de todo Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos busca respuesta contundente y pronta
“Asistido” por un equipo de investigadores que incluirá a expertos del FBI, el gobierno de México prepara una verdadera cacería para dar con los responsables del asesinato del agente de ICE ocurrido el martes de la semana pasada en San Luis Potosí. Después de una reunión de alto nivel entre los departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Interna de Estados Unidos, la administración Obama acordó crear un “equipo de tarea conjunta” con las autoridades mexicanas que tendrá por único objetivo encontrar a los sicarios que comandaban el retén donde falleció Jaime Zapata, ex agente de la Patrulla Fronteriza dedicado en México a tareas de investigación de tráfico de personas. Por las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, y el procurador de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, quedó claro que Washington quiere resultados rápidos sobre el caso. “Esta fuerza de tarea conjunta refleja nuestro compromiso de llevar al caso todo el poder de investigación del gobierno de Estados Unidos mientras trabajamos con el gobierno mexicano para traer a estos criminales ante la justicia”, dijo Napolitano.
Holder prometió una “investigación agresiva”. El equipo de tarea conjunta, que comenzó a conformarse en la semana con la llegada de un número indeterminado de agentes del FBI a territorio mexicano, “se asegurará de que todos los recursos posibles serán usados para traer a los responsables ante la ley”. La administración del presidente Obama confirió a la muerte de Zapata absoluta prioridad. En la semana, la Casa Blanca dio a conocer que el mandatario estadunidense había llamado personalmente a la familia del agente caído para expresarle sus condolencias y prometer una respuesta contundente y pronta. Sin embargo, dentro de la comunidad académica estadunidense hay pocas esperanzas de que se tendrán resultados aun con todos los recursos de Washington volcados en la cacería del grupo de sicarios, aparentemente Los Zetas.
“Este será un caso muy difícil. La gente que comandaba el retén falso probablemente era de muy bajo nivel. Ya deben estar muy bien ocultos. Será imposible encontrarlos a menos que una muy buena fuente se atreva a dar información”, dijo Sylvia Longmire, ex investigadora de Asuntos Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y actualmente presidenta de la Consultoría Longmire, dedicada a temas de narcotráfico. No es muy optimista. “¿Quién sabe? Quizá el gobierno mexicano nos sorprenda, porque se verá muy mal, conforme pase el tiempo, que no logre resultados. Si manejan este caso como el de David Hartley (asesinado en la presa Falcon en octubre pasado) y hacen las cosas tan mal, el gobierno de Estados Unidos no va a estar nada contento”, dijo.
Pero la presión estará repartida. Probablemente pronto se enfocará hacia la Embajada de Estados Unidos, en especial por la decisión de alguien en el área de administración de la sede diplomática de permitir a Zapata y Ávila viajar por tierra a San Luis Potosí, en una carretera que no hace demasiado fue escenario de una batalla entre sicarios y en la que no son pocos los reportes de narcorretenes. “Esa fue una decisión muy mala. Es incomprensible. Se dice que iban a reunirse con agentes de ICE y que para intercambiar equipo muy sensible necesitaban el vehículo blindado. Pero esto es como en Irak y Afganistán: no hay que viajar en autos. Todos sabíamos que la ruta 57 era peligrosa”, sentenció Longmire.
Fuente:
Diario Milenio.
Ayer, 27 de febrero, Ipsos Apoyo publicó su habitual encuesta nacional para las elecciones generales. La novedad la trae Gana Perú con un 14% de intención de voto. Las buenas noticias para Humala confirman una tendencia al alza, pequeña pero constante, en las últimas semanas y, tal vez, un mejor trabajo de campaña en los NSE C, D y E, así como una recuperación de su votación sureña. Humala ha comenzado a copiar la estrategia opositora de Toledo contra García y le está dando buenos resultados el intentar, aunque podría ser ya tarde, tratar de ser un líder de oposición moderado pero crítico con el Gobierno. Además, una fuerte pauta publicitaria parece estar dando frutos, aunque sostenerla sin límite puede ser financieramente suicida. Sin embargo, la poca aceptación de su lista parlamentaria, que solo obtiene un 7% de intención de voto nacional, debería hacerlo reforzar la campaña congresal.
